Una coalición de defensores de los medios de comunicación y la libertad de expresión ha pedido al sheriff del condado de San Joaquín, Patrick Withrow, que aclare sus declaraciones que sugieren que los periodistas podrían ser investigados por sus informes sobre una orden de registro sellada. Este hecho se produce tras el arresto de Pamela Edwards, una ex secretaria judicial acusada de liberar intencionalmente la orden sellada relacionada con una investigación en curso de la junta escolar.
La Oficina del Sheriff anunció que está investigando a individuos, incluidos periodistas, por su papel en la obtención y publicación del documento sellado. Grupos defensores de la libertad de prensa, incluidos la Coalición de la Primera Enmienda, la Sociedad de Periodistas Profesionales de NorCal y el Pacific Media Workers Guild, enviaron una carta abierta al sheriff Withrow, advirtiendo que tales acciones podrían tener un "efecto paralizador" en la libertad de prensa.
David Loy, director legal de la Coalición de la Primera Enmienda, enfatizó que los periodistas tienen el derecho constitucional de publicar información obtenida legalmente, incluso si se divulgó de forma inapropiada. "El gobierno no puede castigar a la prensa por publicar información que recibe", afirmó Loy.
El caso comenzó en noviembre de 2023, cuando los agentes ejecutaron una orden de registro en la casa de la miembro de la Junta Escolar Unificada de Stockton, AngelAnn Flores. La orden, que posteriormente fue reportada por The Stockton Record, supuestamente fue liberada por Edwards. La Oficina del Sheriff arrestó a Edwards e indicó que los reporteros que escribieron sobre la orden también podrían ser parte de una investigación de conspiración criminal.
Los defensores de los medios de comunicación argumentan que esta postura amenaza la libertad de prensa y contradice las protecciones estatales y federales para los periodistas. Las Leyes de Protección de California (Shield Laws), entre las más fuertes del país, protegen a los periodistas de ser obligados a revelar sus fuentes o materiales no publicados.
El portavoz del sheriff aclaró que actualmente no hay periodistas bajo investigación, pero sostuvo que cualquier persona involucrada en la divulgación de la orden sellada podría ser considerada testigo o sospechosa en el caso.
Este resumen se basa en un comunicado de prensa de Cassie Dickman de Stocktonia. Para obtener más información, visite el artículo original en Stocktonia.org.
